En las últimas jornadas, Vox en las Cortes Valencianas ha puesto sobre la mesa una controvertida Proposición No de Ley que sugiere la expulsión inmediata de inmigrantes ilegales residentes en la Comunidad Valenciana. Esta propuesta marca un punto de inflexión que podría alterar significativamente la dinámica actual de la política de inmigración en la región. La respuesta de los diversos sectores de la sociedad ante esta iniciativa está por verse, pero sin duda, el debate generado promete ser intenso y revelador.
Cierre de centros de acogida y fin de ayudas públicas
La propuesta de Vox se centra en la terminación de la operación de los centros de acogida que actualmente funcionan en la Comunidad Valenciana. Argumentan que estos espacios contribuyen a mantener a los inmigrantes ilegales en territorio español, proponiendo que se redirijan las financiación autonómica hacia programas que faciliten el retorno a países de origen de estos individuos.
Simultáneamente, sugieren la eliminación de las ayudas públicas destinadas a este grupo, con el objetivo de disuadir la llegada de más inmigrantes en situación irregular. Esta medida busca reasignar los recursos económicos hacia otros sectores que consideran de mayor beneficio para los ciudadanos locales.
Medidas legales y consulta popular propuestas
Además, Vox propone la organización de una consulta popular para que los ciudadanos puedan expresar su postura respecto a la seguridad ciudadana y la gestión de la inmigración ilegal. Este proceso democrático buscaría legitimar las acciones del gobierno con el respaldo público en un tema que genera división de opiniones.
En términos legales, plantean realizar modificaciones legales para combatir el fraude en el empadronamiento, un problema que actualmente permite a los inmigrantes ilegales acceder indebidamente a los beneficios sociales. Con estas reformas, buscan cerrar las lagunas que permiten abusos y asegurar que solo los beneficiarios legítimos tengan acceso a las ayudas del gobierno.
