La noticia corrió de boca en boca en cuestión de horas: en varias cárceles venezolanas empezaron a salir presos mientras familiares esperaban a las puertas, sin listas oficiales, guiados solo por rumores.
Para muchos fue un gesto de distensión del poder, para otros maniobra táctica de última hora. Las excarcelaciones se presentaron comme parte de una liberación de detenidos vinculada a las elecciones presidenciales 2024 recientes. La persistente crisis poselectoral venezolana mantiene aún abiertas heridas políticas y personales.
Contexto y alcance de las excarcelaciones
Un total de 71 personas detenidas durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela fue liberado en la madrugada de este jueves, según confirmaron colectivos de familiares. Estas nuevas libertades se suman a las anteriores y modifican las cifras de excarcelaciones manejadas por ONG y defensores de derechos humanos, que siguen documentando cada caso. La Fiscalía había informado de más de 2.400 arrestos vinculados a las manifestaciones, la mayoría ya en libertad bajo distintas medidas. Aun así, organizaciones nacionales e internacionales calculan que queda un número significativo de personas encarceladas por motivos políticos o asociados a las protestas, lo que alimenta el debate sobre la legalidad de estas detenciones y el uso del sistema penal frente a la disidencia.
La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país.
Comité de Madres en Defensa de la Verdad
La distribución de las liberaciones muestra la diversidad de los. Centros penitenciarios venezolanos implicados en la represión posterior a los comicios. De las 71 personas excarceladas, 65 son hombres que se encontraban en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, conocido por su historial de hacinamiento y violencia interna. Otras tres son mujeres recluidas en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda, y tres adolescentes que estaban bajo resguardo en el estado de La Guaira. Varias ONG recuerdan que muchos de ellos fueron presentados como “terroristas”, aunque sus defensores sostienen que se trata de manifestantes y opositores, con el estatus de presos políticos en debate ante la opinión pública venezolana.
Es un logro insuficiente, exigimos la libertad plena de todos los detenidos tras las elecciones.
Comité de Madres en Defensa de la Verdad
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad valora esta medida como un avance parcial y recuerda que el proceso de liberaciones estuvo paralizado desde marzo del año pasado, pese a las gestiones jurídicas y las denuncias públicas. Para este colectivo, la reciente reanudación no responde todavía a la magnitud del problema, motivo por el cual mantienen en la agenda la amnistía general solicitada ante las autoridades. Según sus voceras, una ley de este tipo permitiría cerrar los procesos penales abiertos tras las protestas, borrar antecedentes y garantizar que quienes salgan de prisión recuperen plenamente sus derechos políticos y civiles, sin amenazas de nuevas causas penales.
Reacciones de familias, organizaciones y autoridades
Entre las familias de los liberados se mezclan el alivio, el duelo por el tiempo perdido y la incertidumbre sobre el futuro judicial de quienes han salido con medidas cautelares. Madres y padres relatan que sus hijos fueron detenidos en redadas masivas, muchas veces lejos de los puntos de protesta, y trasladados sin información clara sobre su paradero. En este escenario, el rol del Comité de Madres ha sido acompañar, documentar y mantener la presión pública ante los tribunales y la opinión nacional. Testimonios recogidos a la salida de Tocorón y de La Crisálida hablan de malas condiciones de reclusión, escaso acceso a abogados y temor a represalias, incluso después de recuperar la libertad.
Las organizaciones de derechos humanos y las ONG dedicadas al seguimiento de detenciones políticas confirmaron las excarcelaciones a través de comunicados y mensajes en la red social X. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares y activistas, sostiene que la mayoría de las personas arrestadas tras las protestas carece de pruebas sólidas en su contra. En paralelo, partidos opositores enlazan estos casos con las denuncias de fraude electoral que se presentaron tras la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro. Para estos actores, los expedientes penales formarían parte de una estrategia para desalentar la movilización social y debilitar el reclamo de la oposición mayoritaria, que reconoce como vencedor a Edmundo González Urrutia.
La respuesta oficial mantiene una línea ya conocida. Voceros del Gobierno insisten en que en Venezuela no hay presos políticos y que todas las detenciones se produjeron por delitos graves, como vandalismo, terrorismo o conspiración. Ese posicionamiento del Ejecutivo contrasta con los informes de ONG nacionales e internacionales, que documentan patrones de detenciones sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y procesos con escasas garantías. La Fiscalía ha reiterado que las actuaciones se ajustan a la ley y que los tribunales son los encargados de decidir cada excarcelación. Frente a esta versión, abogados defensores piden revisar expedientes y archivar causas donde no existan evidencias más allá de actas policiales genéricas.
