Washington redefine su relación con Caracas mediante sanciones, licencias petroleras condicionadas y acuerdos opacos, mientras la élite venezolana busca oxígeno financiero entre promesas de alivio y temores de nuevas represalias.
Lejos de un simple pulso diplomático, la disputa gira en torno al acceso real a reservas probadas, rutas de exportación y capacidad de fijar precios. Bajo este complejo telón, también se cuestionan la soberanía económica del país, la profundidad de la intervención extranjera y el discreto control del petróleo venezolano.
De la captura de Maduro al control del crudo: la secuencia de hechos
El relato ubica el inicio de la crisis en la madrugada de un sábado, cuando fuerzas estadounidenses capturan a Nicolás Maduro en Caracas tras una serie de bombardeos dirigidos. La presidencia queda en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presentada como figura interina bajo una intensa presión militar extranjera. Trump comunica el martes siguiente que el gobierno de Washington ha obtenido de Caracas la supuesta la entrega de barriles de crudo, entre 30 y 50 millones, descritos como “sancionados” y de alta calidad. Ese volumen se calcula entre 1.800 y 3.000 millones de dólares, según los precios vigentes del Brent, y la Casa Blanca afirma que administrará directamente los ingresos. El escenario no coincide con hechos recientes verificables y funciona como advertencia sobre los límites del poder imperial.
La narrativa subraya que Venezuela acumula millones de barriles en tanqueros y depósitos costeros, inmovilizados por sanciones estadounidenses previas. Según esta versión, el el bloqueo de las exportaciones habría dejado el crudo sin comprador, creando la oportunidad para que Washington lo tomara y lo redirigiera hacia su propio mercado o hacia aliados cercanos. El texto describe petróleo sancionado que, de no ser incautado por EE. UU., terminaría en refinerías de China, Rusia o Irán, y presenta la presión militar como una forma de la coerción política aplicada sobre Caracas. A partir de este relato se dibuja una secuencia precisa de decisiones y eventos, que puede resumirse en los puntos siguientes.
- Operación militar nocturna para capturar a Maduro en Caracas.
- Nombramiento de Delcy Rodríguez como figura interina bajo tutela externa.
- Anuncio de Trump sobre 30 a 50 millones de barriles de crudo destinados a EE. UU.
- Incautación de buques petroleros y redirección del comercio hacia puertos estadounidenses.
- Compromiso declarado de administrar los ingresos “en beneficio” de Venezuela y de EE. UU.
Chris Wright y el diseño de una supervisión indefinida
El texto presenta al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, como arquitecto técnico de la operación sobre los recursos venezolanos. Se le atribuye una comparecencia en Miami ante ejecutivos de grandes petroleras, en una conferencia organizada por Goldman Sachs, donde detalla el alcance de la futura supervisión energética. Wright habría explicado que Washington gestionaría primero el petróleo almacenado y después toda la producción que saliera de Venezuela, con la promesa de estabilizar los campos y elevar el bombeo. La función del Departamento de Energía se describe como un puente entre la presión militar, las sanciones económicas y la entrada posterior de empresas privadas, con un énfasis discursivo en el supuesto beneficio compartido para la población venezolana y para la economía estadounidense.
Este diseño atribuido a Wright se basa en una mezcla de control regulatorio y de gestión directa de los flujos físicos de hidrocarburos. El secretario describe un esquema de comercialización del crudo donde el gobierno estadounidense intermediaría en las ventas, fijaría destinos y supervisaría los pagos a Caracas. Al mismo tiempo, se menciona un profundo control operativo sobre la cadena de valor, desde la extracción hasta la logística marítima. El relato indica que, a medida que se “normalizara” la producción, se abriría espacio para que multinacionales como Exxon, Chevron o ConocoPhillips participaran en nuevos proyectos. Todo ello se presenta como un proceso sin límite temporal definido, con un carácter prácticamente indefinido sobre la estructura petrolera venezolana.
Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, con más de 300.000 millones de barriles según datos de la OPEP, lo que explica que cualquier propuesta de tutela externa sobre su industria tenga un impacto geopolítico inmediato.
Incautaciones de buques y choque con Moscú: ¿qué base legal invoca Washington?
Washington trasladó parte de su pulso con Caracas al espacio marítimo al ordenar operaciones contra petroleros que transportaban crudo venezolano bajo bandera de terceros países. El primero en ser interceptado, identificado como Bella 1 y renombrado Marinera durante la travesía, fue abordado en el Atlántico Norte, cerca de Islandia, cuando navegaba en plena aguas internacionales con pabellón ruso y escolta naval. Solo después del registro se habló de incautación de buques vinculados a esquemas de evasión de sanciones, argumento usado por Washington para justificar la maniobra. Moscú respondió que se trataba de un acto de piratería moderna y alegó que se vulneró la libertad de navegación reconocida por la ONU, mientras el gobierno estadounidense cobijó la operación bajo una orden presidencial dirigida a embarcaciones sancionadas.
Las justificaciones difundidas por Washington se apoyan en regímenes de sanciones y en nociones de seguridad regional más que en acuerdos multilaterales firmes. Según juristas consultados por medios rusos y europeos, la interceptación solo estaría permitida en supuestos muy concretos del derecho del mar, lo que alimenta la tesis de Moscú sobre la vulneración de la ley internacional. Desde este prisma, Estados Unidos estaría reinterpretando una antigua doctrina hemisférica para extender su jurisdicción de facto a barcos que comercian con Caracas, aunque se encuentren lejos de sus costas. La detención de otro petrolero con falsa bandera de Camerún cerca del Caribe refuerza la sensación de que la Casa Blanca busca marcar un precedente operacional antes de someterlo al escrutinio de tribunales propios.
Seguiremos persiguiendo a los buques y compañías que transporten petróleo venezolano en violación de nuestras sanciones.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU. (2020)
El papel de Trump y las petroleras estadounidenses en la comercialización
Según el relato en Washington, Donald Trump anunció que Caracas entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad, un volumen entre 1.800 y 3.000 millones de dólares con los precios actuales. El presidente habría señalado que esos ingresos quedarían bajo su control directo para destinarlos, supuestamente, al pueblo venezolano y a Estados Unidos, sin precisar mecanismos de supervisión. Ese giro enlaza la presión armada con una estrategia económica en la que las grandes empresas petroleras del país buscarían recuperar posiciones perdidas en Venezuela. La prensa especializada sitúa reuniones en la Casa Blanca con directivos de Exxon, Chevron y ConocoPhillips, celebradas después de que acciones sufrieran caídas tras el entusiasmo inicial de los mercados por la intervención.
Los encuentros entre la Casa Blanca y el sector energético se describen como un intento de asegurar que Estados Unidos comercializará el crudo venezolano bajo sus propios términos. El secretario de Energía, Chris Wright, habría adelantado que Washington se encargará de vender primero el petróleo almacenado y, después, toda la producción futura, con la intención de influir en el precio del crudo a escala global. Aunque el país ya es autosuficiente en energía, controlar millones de barriles adicionales reforzaría su control de mercado frente a competidores como Rusia, China o Irán. A nivel interno, la expectativa sería estabilizar la producción venezolana, levantar algunas sanciones selectivas y abrir la puerta a contratos preferentes para firmas estadounidenses durante la supuesta fase de recuperación económica.
- Acceso prioritario a cargamentos de petróleo venezolano gestionados por agencias estadounidenses.
- Participación en proyectos para reactivar y modernizar la infraestructura de extracción y refinación.
- Posibles acuerdos de reparto de ingresos vinculados a la exportación de crudo hacia mercados clave.
- Ventajas regulatorias y fiscales dentro del esquema de sanciones diseñado por Washington.
Impacto sobre PDVSA y el mercado internacional del petróleo
La petrolera estatal venezolana arrastra una debilidad estructural desde hace años, sumando caída de inversión, deterioro de infraestructura y sanciones financieras de Estados Unidos desde 2017. Analistas describen una PDVSA en crisis, con una producción que descendió de varios millones de barriles diarios a menos de un millón según cifras de la OPEP hasta 2023. Para sortear las restricciones, Caracas ha optado por intermediarios, descuentos profundos y esquemas de pagos en especie, lo que ha reducido ingresos netos y transparencia. El control sobre cargamentos y cobros en cuentas supervisadas por Washington ha aumentado la dependencia del Gobierno venezolano de acuerdos discretos con diversos socios y de negociaciones recurrentes para aliviar las sanciones.
La reducción y posterior recuperación parcial del bombeo venezolano ha tenido efectos palpables sobre el mercado energético global, en especial en el segmento de crudos pesados que abastecían refinerías del Golfo de México. El levantamiento temporal de ciertas sanciones en 2023 buscó una limitada estabilización de la producción, sumando volúmenes adicionales que atenúan tensiones de precios, pero bajo estricta supervisión de licencias estadounidenses. Ese esquema condiciona el flujo de exportaciones y obliga a Caracas a ofrecer rebajas a los compradores asiáticos, principalmente China e India, que asumen riesgos reputacionales y logísticos. Cada cambio regulatorio en Washington se refleja en los diferenciales de precio del crudo venezolano, en las rutas de transporte y en la capacidad de PDVSA para atraer socios especializados que financien futuros proyectos.
Hecho a tener en cuenta: según datos de la OPEP, Venezuela produjo en torno a 780.000 barriles diarios en 2023, lejos de los niveles previos a las sanciones, lo que ilustra hasta qué punto las restricciones externas y la mala gestión interna limitan su capacidad de influir en el mercado mundial.
La doctrina Monroe reactivada en el siglo XXI
La referencia a la doctrina Monroe reapareció con ímpetu en el discurso oficial de Washington cuando voceros como John Bolton afirmaron en 2019 que “está viva y coleando”. Ese marco ideológico pretende preservar un dominio hemisférico de Estados Unidos, retratando la presencia de Rusia o China en Venezuela como un riesgo directo a su seguridad. Bajo esa lógica, medidas como sanciones sectoriales, presiones diplomáticas y operaciones judiciales contra activos venezolanos se presentan como parte de una política de exclusión de potencias extrahemisféricas. Las críticas desde América Latina señalan que esta visión desconoce la soberanía de los Estados y reactiva un patrón de intervención que se creía superado tras la Guerra Fría.
Los debates actuales sobre Venezuela evidencian cómo la antigua doctrina de 1823 se reinterpreta para un siglo definido por la multipolaridad y la interdependencia energética. La disputa por contratos petroleros, acceso a minerales y proyectos de infraestructura coloca al Estado caribeño en el centro de la geopolítica regional. Mientras Washington persiste en contener la influencia de Pekín y Moscú, gobiernos de la región buscan fórmulas de integración propias, abogando por soluciones negociadas a la crisis venezolana. La coexistencia de bases militares estadounidenses, presencia naval rusa ocasional y cooperación tecnológica china en América Latina muestra que el esquema “América para los americanos” ya no se aplica de forma incuestionada, aunque siga influyendo en el diseño de la política exterior de Estados Unidos.
La doctrina Monroe está viva y coleando.
John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2019)
Rubio presenta un esquema de estabilización, recuperación y transición
Según el relato geopolítico difundido, Marco Rubio, en su papel de secretario de Estado de Estados Unidos, habría expuesto ante senadores en el Capitolio una hoja de ruta pormenorizada para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos iniciales. La reunión se presentó como sesión reservada, con referencias no solo a Caracas, sino también a Cuba, Colombia, México y Groenlandia, países mencionados como nuevos focos de presión. Rubio describió un plan en tres fases que arrancaría con la denominada “estabilización” del país. Esta primera etapa incluiría la reestructuración profunda de la estatal PDVSA, la consolidación del control de Washington sobre las exportaciones de crudo y un gradual levantamiento de sanciones económicas impuestas durante la primera Administración Trump.
Tras la fase de choque inicial sobre la industria petrolera, Rubio presentó como segundo peldaño la “recuperación” económica. En esa fase, el esquema prevé abrir el mercado venezolano a compañías estadounidenses, europeas y de otros países con condiciones que Washington considere equilibradas para sus intereses. Dentro de esa etapa aparece la promesa de impulsar una reconciliación nacional, lo que pasaría por amnistiar a sectores de la oposición, liberar presos políticos y facilitar el regreso de dirigentes exiliados. El discurso presentado a los senadores sugiere que esta fase serviría para recomponer parcialmente el tejido institucional sin renunciar al control externo del sector energético.
La tercera parte de la hoja de ruta, descrita como “transición”, se centra en rediseñar el poder político en Venezuela mientras Washington conserva palancas decisivas sobre la economía. El equipo de Rubio habla de un periodo prolongado durante el cual se irían desmontando algunas restricciones, condicionado al comportamiento de las nuevas autoridades. Dentro de ese guion se anuncian supuestas elecciones libres supervisadas por observadores aliados, sin calendario preciso y con cláusulas que permitirían revertir concesiones si Caracas se desmarca. El esquema mantiene el dominio externo sobre la extracción y la venta del crudo, deja margen para reinstalar sanciones cuando la futura dirigencia se aparte de las líneas marcadas desde Estados Unidos.
