El reciente escándalo de abuso y maltrato en el centro de menores de Ateca ha generado una intensa controversia política. Las revelaciones sobre los presuntos abusos sexuales y maltratos han sacudido a la comunidad, llevando a una investigación judicial que resultó en la detención de varios trabajadores del centro. Este episodio no solo ha expuesto las vulnerabilidades en la gestión de los menores tutelados, sino que también ha desencadenado un acalorado debate entre los principales partidos políticos en Aragón.
Investigación judicial y detenciones
Tras los abusos sexuales reportados en el centro de menores de Ateca, se ha iniciado una investigación judicial que ha llevado a la detención de cinco trabajadores, incluido el director del centro. Estos individuos se encuentran en la cárcel de Zuera desde el pasado dos de agosto, fecha en la que se decretó su prisión provisional por las graves acusaciones en su contra.
La situación en Ateca ha resaltado la necesidad de supervisión y control exhaustivos en centros de este tipo. Las autoridades se encuentran en un proceso continuo de revisión de las pruebas recogidas, para asegurar que se esclarezcan todos los hechos y se administre justicia de manera adecuada y oportuna.
Reacciones y medidas del Gobierno de Aragón
La consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, ha desarrollado un plan de trabajo tras el cierre del centro el pasado dos de agosto. Este plan incluye la revisión y análisis de toda la documentación relacionada con el centro, con el objetivo urgente de proteger mejor a los menores. Esta medida fue implementada como respuesta directa al cierre ordenado por la justicia.
Además, se ha iniciado un expediente de investigación interno en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con el fin de evaluar las actuaciones administrativas y depurar responsabilidades. Esta investigación interna busca también salvaguardar la integridad de los profesionales que trabajan correctamente en el sistema de protección de menores.
Responsabilidades y acusaciones entre partidos políticos
Durante los debates en las Cortes de Aragón, ha surgido una acalorada discusión entre los partidos PP y PSOE. Ambos se han acusado mutuamente respecto a la gestión del centro de menores de Ateca. La consejera Susín ha criticado al PSOE por ignorar denuncias y quejas previas sobre la gestión del centro, acusaciones que el PSOE ha rechazado, defendiendo su gestión pasada.
El conflicto político ha puesto de manifiesto la complejidad y la sensibilidad de la gestión de los servicios de tutela de menores. La diputada socialista Pili Mar Zamora ha solicitado la comparecencia del actual director del IASS, Ángel Val, para que aporte más claridad sobre las acciones del instituto bajo su administración.
Traslado de menores a la Fundación Samu
Los menores anteriormente alojados en Ateca serán trasladados a una unidad de atención terapéutica gestionada por la Fundación Samu. Este traslado, previsto para el próximo lunes, involucrará a menores tutelados que ocuparán hasta 15 plazas disponibles, como parte de un procedimiento de contratación de urgencia establecido por el Gobierno de Aragón.
Esta decisión responde a la necesidad de proporcionar un entorno seguro y adecuado para la rehabilitación y el bienestar de los menores afectados por la situación en Ateca, asegurando que su cuidado continúe sin interrupciones durante la investigación en curso.
Revisión y control de centros de menores
Como parte de las medidas para fortalecer la protección de menores, el Gobierno de Aragón ha implementado un plan de revisiones de centros de menores. Este plan incluye la creación de un registro del personal que trabaja en estos espacios para asegurar que cumplen con todos los requisitos necesarios para la atención adecuada de los menores.
Además, se está elaborando un protocolo de mala praxis o vulneración de derechos, el cual servirá para guiar las actuaciones en situaciones donde se pueda comprometer el bienestar de los menores. Estas medidas buscan prevenir incidentes futuros y garantizar un sistema robusto y seguro para la tutela y protección de la infancia.
Exigencia de daños morales a la entidad gestora
El Gobierno de Aragón está considerando la posibilidad de exigir daños morales a la Fundación Bienestar y Salud, responsable del manejo del centro de Ateca. Esta medida busca compensar el descrédito causado al Gobierno y mitigar el daño a su prestigio institucional, derivado del escándalo.
Se ha solicitado un informe jurídico para evaluar esta posibilidad, lo cual podría establecer un precedente en la gestión contractual y las responsabilidades derivadas de la administración de servicios públicos, especialmente en situaciones donde se comprometa la integridad y seguridad de menores tutelados.
