La resolución europea ha reavivado la disputa política y jurídica, pero no despeja el horizonte inmediato del expresidente catalán. Según Chapapría, el fallo del TJUE conserva intactos diversos obstáculos procesales.
Su análisis descarta que la resolución europea produzca efectos automáticos o zanje los litigios abiertos. La Ley de Amnistía permanece sometida a las resoluciones de los tribunales españoles, especialmente ante la discusión sobre la malversación. Por eso, el regreso de Puigdemont sigue condicionado por decisiones judiciales que ni la presión política ni los titulares pueden sustituir.
El alcance real del fallo europeo
Juan Chapapría interpreta que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no abre por sí sola las puertas de España a Carles Puigdemont. El pronunciamiento puede ofrecer un aval político a la ley de amnistía, pero deja su aplicación concreta bajo control judicial.
- La sentencia no autoriza el regreso inmediato de Puigdemont pendiente.
- La amnistía aún depende de nuevas decisiones judiciales españolas.
- Los procedimientos abiertos deben resolverse caso por caso concreto.
A juicio del abogado, la resolución europea posee un alcance jurídico más limitado del que sugieren sus defensores. La lectura de Chapapría distingue entre validar el marco general de la norma y levantar las medidas que afectan al expresidente catalán, una consecuencia que no se produce automáticamente ni elimina las órdenes judiciales vigentes.
Chapapría sitúa la decisión en manos de los jueces españoles
La aplicación de la amnistía sigue pendiente de resoluciones nacionales que determinarán su efecto sobre Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo debe decidir cómo encaja la malversación en la ley, mientras el Tribunal Constitucional examina los recursos sobre su validez. Si surge una nueva cuestión prejudicial, el TJUE volvería a pronunciarse sobre la interpretación europea. Por su parte, el Tribunal de Cuentas examina fondos públicos y deberá aplicar la norma según las resoluciones judiciales.
El fallo del TJUE no supone la vuelta de Puigdemont.
Juan Chapapría, abogado de Sociedad Civil Catalana
La malversación mantiene abierta la batalla judicial
El Tribunal Supremo mantiene fuera de la amnistía el delito atribuido a los responsables del procés. La controversia por la malversación de fondos parte del cálculo de Sociedad Civil Catalana, que cifró el perjuicio en más de cinco millones de euros, frente a los 12 millones reclamados por el Tribunal de Cuentas.
La distancia entre ambas estimaciones no liquida la causa ni determina por sí sola su desenlace. Para Chapapría, el posible uso de fondos públicos nacionales permite prolongar las actuaciones, mientras el órgano fiscalizador examina la responsabilidad contable. En paralelo, el Supremo conserva la decisión penal y podría elevar otra cuestión prejudicial al TJUE.
Sociedad Civil Catalana reivindica su pulso contra la amnistía
La asociación atribuye a sus recursos y objeciones que la amnistía siga sin aplicarse plenamente dos años después. En su balance, Sociedad Civil Catalana presenta esta resistencia como un pulso judicial sostenido frente a una ley cuya ejecución permanece incompleta.
Chapapría califica de «grotescos» los intentos de acelerar la norma y reclama mantener las impugnaciones durante los meses restantes de legislatura. Su estrategia pretende impedir el regreso de Puigdemont antes de las próximas elecciones.
«A Sánchez le queda muy poco y debemos resistir. Nuestro Estado de derecho está en juego por siete votos».
Juan Chapapría, abogado de Sociedad Civil Catalana
Derogación y efectos pendientes sobre Puigdemont
Chapapría proyecta su análisis hacia un posible relevo político y parlamentario. Según su tesis, la derogación de la amnistía promovida por un nuevo gobierno cerraría la vigencia de la norma, pero no borraría automáticamente las decisiones judiciales firmes ni los beneficios reconocidos antes del cambio legal.
La clave está en distinguir los efectos ya consolidados de los procedimientos aún sin resolución definitiva. Para Chapapría, las causas abiertas quedarían expuestas al marco resultante, con posibles efectos sobre Puigdemont y su situación procesal. El fallo del TJUE, por tanto, no garantiza su regreso a España ni clausura los litigios pendientes.
