El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, se encuentra en el centro de la controversia tras ser condenado por lesiones relacionadas con un altercado ocurrido en la localidad. El incidente en Pontedeume, que tuvo lugar durante las festividades locales, ha sacudido a la comunidad y generado diversas reacciones. La sentencia impone al edil una multa e indemnización como consecuencia de su implicación en este hecho, clasificado como un delito leve. Esta situación ha desencadenado un debate sobre la responsabilidad de los representantes públicos y ha puesto en cuestión la conducta de quienes están al frente del municipio.
Detalles del incidente y la sentencia
Durante las festividades en Pontedeume, ocurrió un altercado que involucró al alcalde Bernardo Fernández y una comerciante local. Según informes, el enfrentamiento tuvo lugar cerca del establecimiento de la mujer, lo que llevó a que se presentara una denuncia formal. El caso fue llevado al Juzgado de Betanzos, donde se inició un proceso legal contra el alcalde.
Tras evaluar las pruebas, el tribunal emitió una sentencia judicial que encontró a Fernández culpable de un delito leve de lesiones. Como consecuencia, se le impuso una multa de 180 euros y se ordenó el pago de una indemnización de 100 euros a la perjudicada. Este incidente, ocurrido en medio de las tradicionales fiestas patronales, ha generado diversas opiniones entre los habitantes de la localidad.
La defensa de Bernardo Fernández
Bernardo Fernández ha expresado su desacuerdo con el veredicto, asegurando que los hechos no acontecieron como se ha determinado. En su declaración de inocencia, insiste en que actuó correctamente y que existe una interpretación errónea de los acontecimientos. Ha subrayado la importancia de clarificar la situación para preservar su reputación.
Con el objetivo de revertir la decisión, planea presentar una apelación del fallo. Su estrategia de defensa incluirá nuevas evidencias y la presentación de testigos que puedan respaldar su versión. No descarta llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional, buscando que se revisen posibles vulneraciones a sus derechos durante el proceso judicial.
Detalles del incidente y la sentencia
El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, enfrentó un juicio tras un altercado ocurrido durante las fiestas patronales de septiembre de 2023. Los hechos señalan que, en medio de las celebraciones, se produjo un incidente en Pontedeume en el que una hostelera local denunció haber sido agredida físicamente por el político. Dicha acusación surgió luego de un desacuerdo relacionado con la ubicación de los puestos ambulantes en la zona festiva, lo que habría provocado una discusión acalorada. El suceso tuvo lugar en una de las calles céntricas de la localidad, donde numerosos testigos presenciaron el evento, generando inquietud entre los vecinos y asistentes. Este acontecimiento captó la atención de los medios locales y provocó una inmediata intervención de las autoridades.
En el fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Betanzos, se declaró a Fernández culpable de un delito leve de lesiones. Como resultado, se le impuso una multa de 180 euros y se le ordenó pagar una indemnización de 100 euros a la afectada. Además, la sentencia determinó que el alcalde debería asumir las costas procesales derivadas del juicio. El juez consideró que las pruebas presentadas por la acusación eran suficientes para dictaminar la culpabilidad del político, a pesar de que la defensa argumentó falta de evidencias contundentes. Esta decisión judicial marca un precedente en la carrera de Fernández y en la percepción pública de su gestión al frente del ayuntamiento.
La noticia de que el alcalde fue condenado por lesiones generó diversas reacciones en la comunidad. Mientras algunos habitantes expresaron su apoyo a la víctima, otros mostraron sorpresa y desconcierto ante la situación legal de su representante municipal. Las implicaciones de este veredicto han abierto un debate sobre la responsabilidad de los cargos públicos en actos de esta naturaleza. Por otro lado, sectores políticos y sociales han manifestado su preocupación por la imagen que este incidente proyecta sobre la institución municipal. La expectativa ahora se centra en las posibles consecuencias que esta condena podría tener en su continuidad al frente del ayuntamiento.
