El ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, ha sido trasladado a la prisión de Martutene en el País Vasco. Este movimiento subraya el creciente control nacionalista sobre las cárceles vascas, una competencia asumida por el gobierno vasco desde 2021. Txeroki, con un historial criminal que incluye múltiples asesinatos y condenas, continuará cumpliendo penas impuestas por la justicia francesa y española.
El traslado definitivo de ‘Txeroki’ a Martutene
El ex líder de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’, ha sido trasladado de manera definitiva a la prisión de Martutene, ubicada en San Sebastián. Este movimiento se produce después de que la Audiencia Nacional aceptara la solicitud francesa en marzo, facilitando así su retorno desde Francia. ‘Txeroki’ había estado previamente en varias prisiones, incluyendo un breve paso por Martutene en octubre del 2022 antes de regresar a Francia.
La decisión de trasladar a Aspiazu a Martutene es provisional, mientras la Junta de Tratamiento evalúa su situación para determinar si será necesario su reubicación a otra cárcel vasca. Este traslado es significativo, ya que implica que ‘Txeroki’ continuará cumpliendo las penas impuestas por la justicia francesa, pero ahora bajo custodia española más cercana a su lugar de origen.
Competencia de las cárceles vascas desde 2021
Desde el año 2021, la gestión de las prisiones vascas pasó a ser competencia del gobierno vasco, controlado por partidos nacionalistas. Esta transferencia de competencias incluye la administración de todas las actividades relacionadas con la gestión penitenciaria en el País Vasco. Este cambio ha permitido que decisiones sobre el manejo de prisiones y prisioneros estén más alineadas con las políticas locales.
El traslado de ‘Txeroki’ a una cárcel vasca es un reflejo de cómo el control local puede influir en la gestión de casos de alto perfil. Las autoridades vascas ahora tienen más autonomía para manejar situaciones penitenciarias, lo que incluye la posibilidad de acercar a los prisioneros a sus familias y entornos culturales, algo que es especialmente relevante en casos de presos vinculados a conflictos políticos locales.
