Organizaciones feministas critican al Gobierno por recurrir la Ley Trans de Ayuso ante el Tribunal Constitucional. Estas agrupaciones sostienen que el Ejecutivo está provocando una desprotección infantil al cuestionar una normativa que, según ellas, garantiza los derechos de los menores trans. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la Agrupación Amanda y Docentes Feministas por la Coeducación se han unido en un comunicado conjunto para expresar su descontento. ¿Cómo es posible que una ley diseñada para proteger a los menores sea vista como una amenaza?
Reacción de las organizaciones feministas
Varias organizaciones feministas, incluyendo la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niños/as con Disforia Acelerada (Amanda) y Docentes Feministas por la Coeducación, han emitido un comunicado conjunto expresando su descontento con la decisión del Gobierno de recurrir la Ley Trans de Ayuso ante el Tribunal Constitucional. Estas agrupaciones acusan al ejecutivo de desproteger a la infancia, argumentando que la ley en cuestión ofrece protecciones esenciales para los menores.
El comunicado resalta que la ley no solo cumple con la constitución, sino que va un paso más allá al exigir un acompañamiento médico y psicológico obligatorio para los menores antes de tomar decisiones que podrían tener consecuencias irreversibles en sus vidas. Esta crítica se intensifica al considerar al actual gobierno como el «más progresista de la historia», cuestionando su compromiso con la protección de los derechos de los menores en este contexto controversial.
Argumentos en defensa de la ley madrileña
Según las organizaciones que defienden la Ley Trans de Ayuso, esta normativa incrementa la protección de los menores al establecer requisitos claros y necesarios. Por ejemplo, se requiere que los menores reciban apoyo de profesionales de salud mental antes de iniciar cualquier tratamiento médico que tenga efectos permanentes sobre su cuerpo. Este enfoque garantista busca asegurar que las decisiones tomadas sean lo más informadas y seguras posible.
Además, estas organizaciones abordan las preocupaciones sobre las llamadas terapias de conversión, asegurando que la ley madrileña prohíbe explícitamente el uso de cualquier procedimiento que intente modificar la identidad de género de las personas. El artículo 11 especifica la prohibición de terapias aversivas y cualquier otro intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona. Por lo tanto, sostienen que acompañar a los menores en su proceso de toma de decisiones no constituye una terapia de conversión.
La ley madrileña prohíbe explícitamente las terapias aversivas, reafirmando su compromiso con la protección integral de los menores.
Posición del Gobierno sobre la Ley Trans
Durante el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que la Comunidad de Madrid había aprobado dos normativas referentes a la protección de los derechos de las personas trans y LGTBI. Estas leyes buscan garantizar que los derechos LGTBI se ejerzan en igualdad de condiciones en todo el territorio español. Redondo enfatizó que los derechos de estas comunidades no pueden esperar y que es deber del Gobierno asegurar su protección y reconocimiento efectivo.
El Gobierno sostiene que algunas disposiciones de la legislación madrileña podrían abrir las puertas a prácticas no deseadas como las terapias de conversión, lo que ha llevado a esta disputa constitucional. Sin embargo, la postura oficial busca reforzar la igualdad y garantizar que cualquier reforma en materia de derechos trans y LGTBI no solo se ajuste a los estándares nacionales, sino que también avance en la protección y el reconocimiento de estas comunidades en toda España.
