La justicia brasileña ha ordenado el cierre de X, una red social dirigida por Elon Musk, por negarse a eliminar perfiles con contenidos golpistas. Tras los hechos del 8 de enero en Brasilia, donde una turba intentó asaltar instituciones, la Suprema Corte ha impuesto multas diarias a la red social. La medida ha generado un fuerte debate sobre la libertad de expresión y las acciones gubernamentales para controlar contenidos subversivos.
El conflicto entre la red social X y el gobierno brasileño
La red social X, dirigida por Elon Musk, ha entrado en un conflicto judicial con la justicia brasileña tras negarse a cerrar perfiles con contenido golpista. Esta decisión se tomó después de los eventos del 8 de enero de 2023, cuando una turba intentó tomar instituciones en Brasilia. El Supremo, liderado por Alexandre de Moraes, impuso una multa diaria de 100.000 reales (unos 16.000 euros) por perfil no clausurado, acumulando una cifra superior a los 20 millones de reales (3,2 millones de euros).
X ha calificado las acciones del gobierno como un acto de censura, defendiendo su posición con el argumento de la libertad de expresión. La empresa ha cuestionado la legalidad de las órdenes del gobierno brasileño, lo que ha intensificado el conflicto judicial entre ambas partes. Este enfrentamiento se vio agravado cuando Moraes procedió a embargar la cuenta bancaria de Starlink en Brasil, otra empresa de Musk, como garantía por las multas impuestas.
Consecuencias y repercusiones del cierre de X en Brasil
La decisión de cerrar X ha tenido varias consecuencias económicas y políticas tanto para Brasil como para la red social. El cierre de la oficina de X el pasado 17 de agosto ha creado un limbo legal que complica aún más la situación. Además, esta medida ha generado un debate amplio sobre la libertad de expresión y el control gubernamental sobre las redes sociales, reflejando una creciente política de confrontación entre gobiernos y empresas tecnológicas.
El cierre de X subraya la tensión entre la libertad de expresión y la regulación gubernamental.
A nivel internacional, el cierre podría tener repercusiones internacionales, afectando la imagen de Brasil como un país abierto al diálogo y la innovación tecnológica. Por otro lado, el apoyo del presidente Lula da Silva a las decisiones del Supremo refuerza la postura del gobierno en busca de regular los contenidos en internet, especialmente aquellos que pueden ser considerados como antidemocráticos o subversivos.
