Aída Nízar, la conocida reportera, ha presentado una denuncia contra el exalcalde de Mijas, Ángel Nozal, por un presunto intento de atropello. Según su versión, el incidente ocurrió justo después de una tensa visita a la oficina de Servicios Alcántara, empresa dirigida por la pareja de Nozal. Nízar afirma que, al salir de dicha oficina y mientras se dirigía a su vehículo, un coche conducido supuestamente por Nozal aceleró en su dirección con la intención clara de arrollarla.
El altercado se evitó gracias a la intervención oportuna de un taxista que pasaba por el lugar. Este hecho no solo ha generado una gran controversia, sino que también ha provocado un profundo temor en Nízar, quien ha expresado públicamente «temer por su vida». Esta situación se desencadenó tras una discusión acalorada dentro de la oficina, donde Nízar y otras propietarias cuestionaban la gestión fiscal de la comunidad.
Las acusaciones: amenazas previas y declaraciones de Aída Nízar
Además del presunto intento de atropello, Aída Nízar ha denunciado haber recibido múltiples amenazas de muerte por parte de Ángel Nozal. En los momentos grabados antes del incidente, Nozal habría expresado en voz alta su frustración y deseo de agredir físicamente a la reportera. Estas declaraciones han sido parte fundamental de la denuncia, ya que evidencian un posible premeditado ataque hacia Nízar.
Por otro lado, Michelle van Gaalen, pareja de Nozal y directora de Servicios Alcántara, también se vio involucrada en el conflicto. Durante la confrontación, intentó expulsar a Nízar y a las demás propietarias del lugar, lo cual fue grabado por las cámaras de seguridad. Nízar ha solicitado estas grabaciones como parte de las pruebas para corroborar las amenazas y el hostil ambiente que se vivió ese día.
Repercusiones y reacciones: la respuesta de las autoridades y la opinión pública
El impacto de las acusaciones ha resonado no solo en Mijas, sino a nivel nacional, generando un amplio debate sobre la seguridad y la conducta de figuras públicas. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes. Este caso ha puesto en relieve la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto en las interacciones civiles, especialmente cuando involucran a personalidades políticas.
La opinión pública se ha dividido entre el apoyo a Nízar y la defensa de Nozal. Muchos ciudadanos han expresado su preocupación por el uso de la violencia en disputas políticas o administrativas. Además, este incidente ha estimulado un debate sobre la transparencia y la ética en la gestión de comunidades, subrayando la importancia de la fiscalización en todos los niveles administrativos. La sociedad espera que este caso sea resuelto con justicia y que se tomen medidas para evitar futuros incidentes similares.
